Twitter es uno de los grandes servicios prestados en Internet para compartir contenido, y que facilita el conocer rápidamente las situaciones en otros países vistas desde múltiples puntos de vista. La capacidad de interactuar directamente con los periodistas y medios dificulta ocultar la realidad a través del control de los medios de comunicación tradicionales. El problema surge cuando, a través de la aplicación de la normativa nacional, se intenta poner coto a la libertad de expresión en servicios de este tipo.

Tras el aparente golpe de estado en Turquía, continúan llevándose a cabo medidas que podrían calificarse de dudosas desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales. Bajo la excusa de la respuesta a dicho golpe, ha habido multitud de ceses de cargos, docentes, así como detenciones de periodistas, pertenecientes a sectores críticos con las actuaciones de Erdogan.

El último caso que se ha hecho público afecta a Mahir Zeynalov, un periodista que a través de su cuenta de Twitter ha ido informando sobre las actuaciones llevadas a cabo por Erdogan tras el golpe de estado

Este periodista ha visto como se le notificó que sus cuentas iban a ser bloqueadas, aunque finalmente (y a causa de la repercusión que ha tenido el anuncio del bloqueo) únicamente se ha bloqueado para Turquía la cuenta en que tuiteaba en turco (@MahirZeynalov_), y no ha afectado a su cuenta en inglés, posiblemente por la presión popular

En opinión de Mahir, estos bloqueos buscan impedir que las voces críticas permitan conocer puntos de vista alternativos sobre la situación en Turquía.

Este caso resulta llamativo porque

  1. No afecta a la cuenta en inglés de Mahir, solo a la cuenta en la que realizaba tuits en turco
  2. La limitación no es global, sino que se limita al acceso desde Turquía

El historial de censura de Turquía

Los números en el caso de Twitter, referidos al periodo desde el uno de enero hasta el 31 de julio de 2016, hechos públicos a través de su web de transparencia sobre retirada de contenidos, son verdaderamente alarmantes:

  • De un total de 761 resoluciones judiciales ordenando la retirada de contenidos, 712 corresponden a Turquía
  • De un total de 4.434 peticiones de retirada de contenido llevadas a cabo por cuerpos de Defensa y Seguridad o por el gobierno, 1.781 corresponden a Turquía
  • De 20.571 cuentas reportadas, a Turquía corresponden 14.953 cuentas

Si accedemos a la sección dedicada a Turquía, no podemos negar el carácter llamativo del gran volumen de peticiones de retirada de contenido y de información sobre cuentas que ha llevado a cabo Turquía.

La Fundación Freedom of the Press ya se hizo eco de estas cifras tan llamativas a través de un tuit en su cuenta

La 2007 Internet Act, también denominada Ley 5651, autoriza al gobierno a requerir el bloqueo de contenido disponible en Internet si cree que puede inducir a cometer un delito. La aplicación en la práctica de esta norma ya fue criticada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ahmet Yildirim v Turquía, en que se bloqueó el acceso completo a Google sites, pudiendo destacar lo siguiente

Por otra parte, el Tribunal observa que la medida en cuestión tuvo efectos arbitrarios y no puede considerarse que únicamente buscara bloquear el acceso al sitio en cuestión pues consistió en un bloqueo general de todos los sitios alojados por Google Sites. Además, la revisión judicial del bloqueo al acceso a sitios de Internet no cumplía las condiciones adecuadas para evitar el abuso: la legislación no proporciona ninguna garantía para evitar que una medida de bloqueo de un sitio específico se realice mediante un bloqueo general.

Por lo tanto, tenemos antecedentes de una aplicación abusiva de esta norma para bloquear contenidos en Internet de forma arbitraria.

Twitter bloquea la cuenta solo en Turquía

Aunque podamos entender que determinadas decisiones pueden ser cuestionadas, lo cierto es que seguimos encontrándonos ante una decisión (ya sea judicial o administrativa) en virtud de una norma real aplicable en el territorio de un país. Esto hace que (aparentemente) no resulte tan sencillo para Twitter negarse de plano a cumplir con ellas, por entender que queda sujeto a las mismas.

La realidad es que es dudoso de que realmente se encontrara obligado a cumplir con dicha decisión dado que, tal y como indicó Eva Galperin, global policy analist para la Electronic Frontier Foundation, Twitter no tiene ningún establecimiento ni empleados en Turquía. Por lo tanto, la única amenaza real para los responsables de la red social es que el gobierno pudiera adoptar alguna medida que impidiera el acceso completo al servicio de Twitter.

Posiblemente por esta razón, Turquía ha aplicado su política de restricción de contenidos por países, y no ha bloqueado el acceso a la cuenta de forma global. Esto permite que la cuenta no sea accesible únicamente para los usuarios de dicho país.

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Los términos para la aplicación de esta restricción son los siguientes, de acuerdo con su página

Siguiendo nuestros esfuerzos para permitir el acceso a nuestros servicios de forma global, si recibimos un requerimiento válido y bien enfocado de un ente autorizado, puede resultar necesario en ocasiones suspender de manera reactiva el acceso a contenido en un determinado país.

Las dudas surgen cuando, por presión popular, únicamente se ha bloqueado una de las cuentas del periodista (con contenido en turco). Si entendemos que en ambos casos el requerimiento proviene del mismo órgano, resulta dudoso de que exista un fundamento real para la restricción del acceso únicamente a una de las cuentas solicitadas.

El propio informe de transparencia menciona que Twitter ha recurrido las decisiones de los tribunales turcos en determinados casos

Hemos presentado 346 recursos ante los tribunales turcos en respuesta a las 712 resoluciones judiciales que hemos recibido. El fundamento de nuestras objeciones fue que dichos requerimientos no cumplían con los principios de libertad de expresión y no indicaban las URL específicas. Nuestras objeciones prosperaron cinco veces, en casos en los que los mandamientos judiciales originales indicaban cuentas, en vez de los tuits específicos que vulneraban la ley turca.

En este caso, en mi opinión Twitter ha optado por una solución intermedia para intentar contentar al gobierno de Turquía, e impedir que adopten medidas que pudieran impedir el acceso a Twitter de los usuarios del país. Lo que está claro es que, a la hora de analizar la necesidad de sujetar este tipo de servicios transfronterizos a normativas nacionales, muchas veces no se tiene en cuenta que hay países con normativas muy restrictivas para los Derechos Humanos, y que aceptar su aplicación de plano supone limitar la libertad de expresión que hizo que estos servicios fueran populares.

En este caso, la decisión judicial ha producido efectos más limitados de lo esperado, pero todo ha sido causado por la presión popular. ¿Cuántas cuentas habrán sido bloqueadas con motivaciones discutibles sin que se haya dado a conocer fuera de su territorio?

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El 30 de septiembre de 2016   /   Comunicación y Redes Sociales   /   Escribir un comentario

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