Hoy, Javier de la Cueva ha hecho público en su blog el resultado de su petición de información sobre la cuenta de la Casa Real en Twitter, el mecanismo para su suscripción, y si se habían negociado condiciones particulares para la prestación del servicio a este ente. La contestación literal que ha obtenido dice lo siguiente:

La cuenta Twitter @CasaReal fue suscrita por la Unidad de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, con la finalidad de facilitar información de las actividades de los miembros de la Familia Real.

Dicha cuenta, operativa desde el 21 de mayo de 2014, fue suscrita en los términos y condiciones ordinarias de Twitter, previa verificación del perfil de identidad del organismo habitual en el caso de cualquier institución, organismo, asociación privada o pública.

De la respuesta podemos extraer lo siguiente:

  1. El objeto de la cuenta de la Casa Real es (lógicamente) facilitar información sobre la actividad institucional de sus miembros.
  2. No se han negociado términos de prestación del servicio distintos a los existentes para cualquier usuario particular que suscriba dicha cuenta.
  3. Debemos entender que la prestación del servicio es gratuita, al igual que sucede con el resto de usuarios de Twitter
  4. No se menciona ninguna verificación al respecto de los posibles riesgos legales por la sumisión a los Términos y Condiciones de Twitter. Solo se habla de la verificación del organismo que solicitaba dicha suscripción.

El problema aparece cuando, al analizar el servicio en el que se suscribe la cuenta (como es en este caso Twitter) se llega a la conclusión de que, por el mero hecho de ser una herramienta gratuita, no hay ningún impedimento legal con abrir una cuenta institucional que deba ser objeto de estudio.

Efectivamente, en el caso del Sector Público en general, y dada la falta de contraprestación a la hora de utilizar los servicios de Twitter,  faltará uno de los elementos esenciales para determinar la onerosidad de un contrato público, y la sujeción a los estrictos criterios de la Ley de Contratos del Sector Público, pero habría que analizar si resulta posible realizar un contrato privado en los términos que quiere imponer el titular de la Red Social.

¿Qué pasa en el caso concreto de la Casa Real?

Dado que la respuesta indica expresamente que la cuenta fue suscrita por la Unidad de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, tenemos que analizar cuáles son las Reglas que se contemplan para la contratación en este caso concreto. Cuando hablamos de la Casa Real, debemos atender a lo indicado en el apartado 2 del Art. 15 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S. M. el Rey

Por la Jefatura de la Casa se aprobarán las Instrucciones que deban regir la contratación, las cuales se publicarán en su página web.

Estas instrucciones se encuentran accesibles en la página web de la Casa Real, que indican lo siguiente respecto a las normas de aplicación

Los contratos tienen naturaleza privada y se regirán por las presentes Instrucciones y por las normas de derecho privado que resulten de aplicación según el tipo de contrato.

[…]

Las partes, con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Estas Instrucciones vuelven a centrarse en contratos onerosos, en los que resulta importante garantizar la libre concurrencia y la solvencia de los potenciales licitadores, y no tanto en la realización de contratos sin contraprestación económica como son los suscritos a la hora de abrir una cuenta en una Red Social. Pero lo anterior no debe impedir la existencia de dudas sobre la posibilidad de adherirse a estas condiciones cuando se incluyen cláusulas como las relativas a Ley aplicable y jurisdicción competente en sus Términos y Condiciones

Estas Condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación con estos Servicios tendrá lugar únicamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro.

Parece que nos encontramos ante un supuesto en que la Casa Real se coloca en la práctica en la misma situación jurídica frente a Twitter que los particulares, y celebra un contrato privado con los responsables de la Red Social, adhiriéndose a las condiciones que ésta impone a sus usuarios. Twitter sí que contempla el caso de entidades públicas que utilicen sus servicios de forma oficial, pero solo para el caso de entidades de Estados Unidos

Si el usuario es una entidad del gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos que utiliza los Servicios en su capacidad oficial y es legalmente incapaz de aceptar la ley aplicable, la jurisdicción o el lugar de las cláusulas citadas más arriba, dichas cláusulas no serán aplicadas al usuario. Para tales entidades del gobierno federal de los EE. UU., dichas Condiciones, o cualquier acción en relación a ellas, se regirán por las leyes de los Estados Unidos de América (sin referencia al conflicto de leyes) y, en ausencia de ley federal o en la medida permitida conforme a la ley federal, por las leyes del Estado de California (excluyendo elección de ley aplicable).

Por lo tanto, las entidades del resto de gobiernos y entes públicos que utilizan los servicios de Twitter no pueden beneficiarse de una previsión expresa como la que sí se contempla para el caso de entidades estadounidenses. Es posible que, con el desarrollo de oficinas en múltiples países, las cláusulas evolucionen hacia una excepción para el caso de entes públicos en general, pero la redacción actual es la indicada.

En mi opinión, resulta dudoso que pueda aceptarse una sumisión a las leyes aplicables que indican los Términos y Condiciones de Twitter en los términos en los que aparentemente se ha realizado. Es posible que, en el caso de surgir un conflicto, se intente impugnar por parte de la Casa Real dicha cláusula y se reclame la jurisdicción española, pero habrá que ver qué es lo que sucede en sede judicial si se da un proceso de este tipo. También resulta posible que Twitter, dada la naturaleza del órgano, no se opusiera a la actuación de la Casa Real, pero debemos tener claro que se trata de supuestos que no están contemplados dentro del contrato al que nos hemos adherido.

 

 

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Sergio Carrasco Mayans

Consultor at Fase Consulting
Sergio Carrasco Mayans es Ingeniero de Telecomunicaciones, Informático, politólogo y Licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya, especializado en Derecho de la Sociedad de la Información, Derecho Civil y Derecho Público.
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