Se ha hecho pública una nueva filtración de datos obtenidos de servidores informáticos, esta vez correspondientes a la asociación Hazte Oír. Los titulares en los medios hablan de datos relativos a finanzas, bases de datos y denuncias que habrían sido obtenidos por el grupo autodenominado ACAB, y así parecen confirmarlo ellos mismos desde su perfil en Twitter
Que tal va todo @Hazteoir (@iarsuaga), tenemos todas vuestras bases de datos, todos vuestros archivos, tenemos todo.
¿Hora de hablar por MD? pic.twitter.com/u5DfJAeRZi— A.C.A.B (@ACABGang) 4 de abril de 2017
Dada la naturaleza de la información, rápidamente se ha mencionado la posibilidad de utilizar parte de la misma en eventuales procesos judiciales, fundamentando dicha posibilidad en la doctrina aplicada en el Supremo para el caso de la Lista Falciani, pero la realidad es que se trata de supuestos básicamente distintos.
¿Obtención de la información para obtener un lucro?
A la vista de las circunstancias, la información presuntamente sustraída por el grupo ACAB ha sido obtenida con vulneración de derechos. Por lo tanto, en principio podríamos entender que se trata de una prueba ilícita obtenida por un tercero no relacionado con los poderes de investigación del Estado y podría aplicarse la doctrina que se indicaba.
La Sentencia del Supremo sobre la Lista Falciani ya era (en mi opinión) discutible en los términos en los que validaba dicha prueba (en particular por la referencia a los excesos del Estado en la investigación del delito), y las posibilidades que abría en futuros casos, dado que debemos analizar las consecuencias más allá de un caso concreto y determinado. Ahora bien, existe un requisito esencial que podría ser discutido en el caso de los datos de Hazte Oír
En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso.
El Supremo habla de en el momento en que se obtuvieron los datos de la Lista Falciani «sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación«. El análisis de la viabilidad de utilizar dichas pruebas continúa haciendo referencia a las intenciones del particular que obtuvo dicha información
No persigue sobreproteger al delincuente que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal ulterior.
Es en el análisis del cumplimiento de este requisito donde podemos encontrar problemas a la hora de utilizar la información obtenida por el denominado hacktivismo, o por otro tipo de delincuentes que haya accedido a la información.
A favor de la utilización de dicha información podríamos intentar alegar que
- El Supremo indica que la protección contra el uso de pruebas ilícitas no tiene como objetivo sobreproteger al delincuente
- Nos encontramos de nuevo con un particular sin vinculación con el Estado. El Supremo es claro al indicar en la Sentencia que «lo determinante es que nunca, de forma directa o indirecta, haya actuado como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal».
- El objeto del acceso y posterior publicación no era el prefabricar dichos elementos de cargo, sino que forma parte de una forma de protesta, todo sin perjuicio del uso posterior que terceros puedan hacer de la información que filtren.
¿Cuanto ganaba @hazteoir (@iarseuga) en 2014? Pronto lo que ganan a día de hoy.#HazteOirHackeadohttps://t.co/g1RG25pyNr pic.twitter.com/3qYIXeA6KA
— A.C.A.B (@ACABGang) 5 de abril de 2017
El Supremo parece admitir esta interpretación al indicar lo siguiente
La regla prohibitiva no excluye entre sus destinatarios, siempre y en todo caso, al particular que despliega una actividad recopiladora de fuentes de prueba que van a ser utilizadas con posterioridad en un proceso penal.
Ahora bien, también debemos tener en cuenta que dentro de la protesta, podría entenderse que dicha información se ha obtenido y filtrado precisamente para mostrar pruebas sobre la conducta llevada a cabo por la Asociación Hazte Oír, no existía el ánimo de lucro que pareció justificar con mayor intensidad el uso de la Lista Falciani, con lo cual el supuesto con que nos encontramos es distinto.
Es posible que, ante un eventual caso que utilice dicha información, los Tribunales se centren en la no vinculación con los poderes del Estado, pero la doctrina Falciani no es (a mi parecer) plenamente aplicable a este supuesto. Debemos analizar si resulta posible admitir este tipo de pruebas desde un punto de vista global, por mucho que establezcamos una serie de puntos a analizar caso por caso. Si se admitiera, los principios básicos de garantía podrían verse dañados irremediablemente, y tal vez en este caso la gente lo vería correcto, pero en otros procesos nos lamentaríamos por ello.
¿Queremos que pueda utilizarse cualquier prueba obtenida ilícitamente, utilizando como único criterio que no se ha hecho bajo dirección directa o indirecta del Estado? Eso supondría abrir una vía muy peligrosa.
