Las nuevas normas reguladoras de la Transparencia aplicables a los entes que forman el sector público han abierto la puerta a peticiones de información por parte de los ciudadanos. Así, encontramos portales en los que se realiza publicidad activa de determinada información, a la que se podrá acceder sin necesidad de solicitarse previamente, con vistas a permitir al ciudadano conocer el funcionamiento interno de estos órganos. Ahora bien, debemos recordar que la Transparencia va mucho más allá, alcanzando la posibilidad de pedir información que va más allá de la facilitada inicialmente. No obstante lo anterior, no resulta extraño encontrarnos con recursos contencioso administrativos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia en defensa de este derecho.

A este respecto, ayer se dió a conocer la Sentencia 60/16 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº6, en la que se desestima el recurso de Corporación de Radio y Televisión Española SAU contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que se instaba al ente público a facilitar la información referente a

todas las partidas en viajes, alojamientos, dietas, vestuario, gastos de delegaciones y acompañantes. Se solicita, por tanto, el coste total de que España haya participado en el festival de Eurovisión 2015, con detalles concretos de los de los gastos.

Esta solicitud, realizada por Samuel Parra, finalmente deberá ser cumplida en el plazo de 15 días hábiles, pero hasta llegar a esta decisión se han producido una serie de incidencias que resulta importante destacar, con los documentos que se nos facilitan desde la propia web del Consejo de Transparencia.

El silencio como respuesta

La solicitud inicial a través del Portal de Transparencia se realizó el 24 de mayo de 2015. Esta solicitud no obtuvo respuesta dentro del plazo establecido por el Art. 20.4 de la Ley 19/2013

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Muchas solicitudes de información acaban en la práctica en silencio administrativo, pese a la obligación de resolver existente en la Ley. El problema es que, además, la Ley de Transparencia contempla para este caso, en el mismo art. 20, que el sentido del silencio en el caso de solicitudes de acceso a información será negativo.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

Por lo tanto, Radio Televisión Española en realidad denegó la solicitud a través de silencio administrativo. Esto supone una barrera importante, porque es posible que en el caso de otras peticiones el procedimiento finalice aquí al no conocer las diversas posibilidades de reclamar esta resolución presunta en materia de acceso a la información. En particular, el Art. 24 de la Ley 19/2013 contempla el importante papel que está llevando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en esta área

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

En este caso, efectivamente se acudió al mecanismo potestativo de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 10 de julio de 2015.

¿Qué tipo de información se solicitaba?

Como se ha señalado, la información que se solicitaba era la referente a gastos para la participación en el Festival de Eurovisión en que había incurrido RTVE. Como bien señala la Resolución del Consejo,

estamos ante una petición de carácter meramente económico, que puede calificarse incluso presupuestaria. Los presupuestos de que se nutre RTVE derivan de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, son de origen público.

Por lo tanto, nos encontramos con datos de ejecución presupuestaria y liquidación de gastos, que deberían haberse facilitado sin más problemas en aplicación de la Ley de Transparencia.

¿Qué alegó RTVE?

Las alegaciones de RTVE se basaron en dos premisas para no admitir el acceso a dicha información:

  • Que se pueden inadmitir a trámite las peticiones que requieran una acción previa de reelaboración
  • Que la Ley permite limitar el acceso a la información cuando acceder a la misma suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.

Si bien respecto a la primera alegación ha habido ocasiones en que la Justicia ha dado la razón a la Administración (como es el caso de la solicitud para conocer el coste de los canales de RTVE), en este caso el Consejo entendió desde un primer momento que se trata de información interna que debe conocer, y que de hecho es utilizada para la distribución de su propio presupuesto.

Radio Televisión Española, al no estar de acuerdo con la Resolución del Consejo que permitía acceso a dicha información, impugnó la misma ante el Contencioso-Administrativo. El Juzgado ahonda en el hecho de que se produjo silencio y no una inadmisión motivada, al indicar ya de inicio que

se ha de precisar que la recurrente no adoptó acuerdo de inadmisión alguno respecto de la solicitud cursada por el interesado, como ahora sostiene en su demanda. Simplemente dejó transcurrir el plazo de un mes establecido en el art. 20 de la Ley citada sin adoptar acuerdo ni resolver sobre lo solicitado, y aquél, entendiendo desestimada la misma, presenta su reclamación ante el CTBG.

Por lo tanto, concluye que no corresponde aplicar la inadmisión, en tanto se produjo silencio al incumplir la obligación de resolver dentro de plazo la solicitud de acceso a la información.

dicho precepto regula una de las posibles resoluciones que pueden recaer y pone fin al procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso instado ante el órgano administrativo o entidad que posea la información, en este caso RTVE, S.A.; y como se ha dicho la demandante no resolvió dicho procedimiento, de manera que ahora no puede pretender que el CTBG inadmita a trámite la solicitud cuando en su momento no lo acordó así ni resolvió sobre lo pedido

Respecto a la necesidad de reelaboración de la información, el Juzgado desestima este argumento, dado que al parecer no se ha justificado en qué medida resultaría necesario

la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición. La información que se solicita ha de encontrarse en los documentos contables y presupuestarios de la entidad, y no se aprecia que para su suministro exija de una labor previa de reelaboración específica o someter a un tratamiento previo de la información con que se cuenta para obtener algo diferente de lo que se tiene

El Juzgado entra también en cómo debería haber actuado en el caso de no contar realmente con toda la información en el momento en que se había solicitado

una vez asignados los cupos ó cuotas resultantes, RTVE debe conocer necesariamente qué parte le corresponde abonar», pues en caso contrario no podría hacer frente a tales gastos que tendrán también su asiento en los documentos contables; y en último extremo, como también indica el CTBG, suponiendo que haya determinadas partidas presupuestarías o gastos concretos que no hayan podido ser suficientemente definidos en el momento en que RTVE recibió la solicitud de información, siempre se puede omitir esa parte de la información, dando cuenta al solicitante de qué parte de la información no puede proporcionar y por qué

Respecto a la segunda alegación, llama de nuevo la atención que, al parecer, el abogado de RTVE hace referencia en su recurso a la motivación para no permitir acceso a la información en base a dicho precepto, cuando lo que sucedió es que dejó meramente transcurrir el plazo legalmente establecido

la cual, ha de insistirse, no resolvió la solicitud y por ello mal puede sostener, como hace en su escrito de demanda, que al amparo de lo que establece el art. 20.2 de la Ley «motivó dicha denegación de acceso.

Además, resulta llamativa la continuación de su justificación

mi representada ha ejercitado su facultad discrecional a denegar la información solicitada, y ha motivado dicha denegación.

Por lo tanto, no tan solo no se acredita por qué dicho acceso causa un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, sino que se intenta alegar que otorgar el acceso a dicha información constituye una potestad discrecional pese a que las causas justificadas que limitan dicho derecho vienen delimitadas en la Ley y deben ser interpretadas de forma restrictiva.

Por lo tanto, y dejando de lado los argumentos más que discutibles alegados por RTVE, es una muy buena noticia que finalmente se tenga acceso a esta información, y constituye una prueba más del excelente trabajo que se está llevando a cabo desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la hora de garantizar el acceso a la información.

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Sergio Carrasco Mayans

Consultor at Fase Consulting
Sergio Carrasco Mayans es Ingeniero de Telecomunicaciones, Informático, politólogo y Licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya, especializado en Derecho de la Sociedad de la Información, Derecho Civil y Derecho Público.
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